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El Observatorio ha recibido con muy grave preocupación informaciones de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) sobre el asesinato de los Sres. Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, respectivamente Presidente y Secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM)[1], quienes se encontraban desaparecidos desde el 13 de febrero de 2009, tras haber sido detenidos por presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), en hechos ocurridos en el municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero.

De acuerdo con las informaciones, los cuerpos sin vida fueron encontrados la noche del 20 de febrero de 2009 en las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, dentro de la región de la Costa Chica de Guerrero. Los cadáveres se encontraron en bolsas de plástico, enterrados a unos 80 centímetros de profundidad y con claros signos de tortura. En el caso del Sr. Raúl Lucas, el cadáver presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que en el caso del Sr. Manuel Ponce, su muerte podría haber sido por traumatismo craneoencefálico.

El Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, el Sr. Eduardo Murueta Urrutia declaró que los Sres. Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas habían sido “levantados”, lo que podría distraer la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial. No obstante para los familiares, los miembros de la OFPM y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollán, sus asesinatos vienen motivados por sus actividades como defensores de derechos humanos.

El Observatorio se une a la condena de estos asesinatos de los Sres. Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a su solicitud de que se investiguen los hechos y se sancione a sus responsables[2]. El Observatorio teme que estos crímenes hayan sido motivados por las actividades de defensa de los derechos humanos de las poblaciones indígenas en el Estado de Guerrero de las dos víctimas, y por haber denunciado abusos y atropellos cometidos por miembros del ejército mexicano y por corporaciones policiales contra las comunidades na’savi (Mixtecos y Tlapanecos).

El Observatorio también manifiesta su seria preocupación por el permanente hostigamiento existente en contra de las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos de las poblaciones indígenas en el Estado de Guerrero y, a ese respecto señala con preocupación los actos de hostigamiento contra los miembros de la OFPM y de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM)[3].

Antecedentes y contexto de la situación:

El 13 de febrero de 2009, hacia las 13h00 fueron detenidos los Sres. Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, por tres individuos que se desplazaban en una camioneta negra, quienes, según las denuncias, no presentaron ninguna orden de aprehensión, y serían agentes de la PIM.

Según las denuncias, los hechos se presentaron cuando el Sr. Raúl Lucas Lucía se encontraba afuera de la escuela secundaria Plan de Ayutla, a un lado de la carretera que va de Cruz Grande a Tierra Colorada. Estando allí el Sr. Lucas Lucía pudo observar que un hombre se acercó al Sr. Manuel Ponce Rosas y lo amenazó con un arma, ante lo cual el Sr. Lucas Lucía reaccionó para defenderlo. En ese momento se acercaron los otros hombres y obligaron a los Sres. Ponce Rosas y Lucas Lucía a subirse al vehículo y se alejaron del lugar con rumbo desconocido.

Se ha informado que al presentar la denuncia por la desaparición de los Sres. Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, el Sr. Erit Montúfar Mendoza, Director de la Policía Investigadora Ministerial, el Secretario de Seguridad y Protección Civil, el General Heriberto Salinas Altés, y el Sr. Armando García Rendón, Alcalde de Ayutla de los Libres, afirmaron que no habían sido informados de ninguna detención ese día, en ese sector.

Acción solicitada:

Favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:

i. tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la OFPM y de la OPIM, así como de todos los defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero y en México;

ii. realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno al asesinato de los Sres. Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iii. otorgar una adecuada reparación a la familia de los Sres. Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas;

iv. poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos en México;

v. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) y a “garantizar la protección [...] de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2);

vi. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por México.